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COVID-19 desde dentro de una residencia. Firás Fansa.


Imagen de test rápidos serológicos

"Quizás es la hora de poner fin al negocio de las residencias" Firás Fansa.


Son muchos los documentos que en estos días de aislamiento nos han llegado vía correo, redes sociales, en los que aparecían relatos de todo tipo, con imágenes o en audio, de la situación de los centros asistenciales. Profesionales sanitarios advirtiendo de la gravedad de esta enfermedad que se nos vendió como una “gripe de ancianos” pero que atacaba a población de riesgo y a población común, ocasionando su fallecimiento.


Tardó algo en aparecer la crisis en las residencias de ancianos, o eso se nos vendió oficialmente. Cada vez son más las voces expresando que el mayor problema sanitario se ha producido en ellas.


Firás Fansa es un joven médico que ha vivido una experiencia que comparte con nosotros. Su relato es sincero, directo y un tanto estremecedor e insiste en la necesidad de cambiar la política sanitaria relacionada con los ancianos y responsabiliza a la sociedad (es decir, a todos) de lo que puede estar por venir, si no se acomete el problema con urgencia, inteligencia y espíritu solidario.


En las líneas que presentamos a continuación, no faltan tampoco referencias a la muerte digna y a la dificultad de establecer la línea separadora entre el cumplimiento de una ley coercitiva excepcional, la responsabilidad individual y la necesaria atención emocional a los moribundos.


Os dejamos con él.

Durante todo el mes de abril de este “año de la plaga” 2020 estuve trabajando como médico, a través de un contrato temporal que cubría una baja, en una residencia de las muchas que pueblan La Florida, próxima a Aravaca. Esta gran urbanización, de las más caras de España y ubicada en el km 11 de la A-6, aglutina gran número de estas instituciones que copan portadas por su papel en la crisis del coronavirus.

Sin embargo, a pesar de que vamos conociendo más y más datos lentamente, la gente a la que le cuento mi experiencia se sigue sorprendiendo, lo que me ha impulsado a compartir este testimonio.

Este nuevo coronavirus mutado hacía su debut oficialmente en forma de neumonía el 31 de diciembre de 2019, cuando por primera vez fue identificado en Wuhan. Desde esa fecha hasta mediados de marzo se sucedieron los mismos gestos, por parte tanto de la ciudadanía como de los mayores expertos médicos: sonrisa sarcástica y cabeceo, junto con un “no será para tanto”.

Todos nos hemos tenido que comer nuestras palabras, quizás por la falta de transparencia en la transmisión de datos, pues nadie va proclamando habitualmente que la normalidad y la rutina van a sufrir un terremoto como el que hemos vivido.

Con la excepción de agoreros e hipocondriacos, que habrán hecho su agosto. La incertidumbre a la que nos hemos visto expuestos, tanto profesionales como legos, ha sido un caldo de cultivo perfecto para remover profundamente todos los cimientos de la sociedad.


Vuelvo a la piedra angular de esta pandemia. Creo que es mejor conocer los datos actuales, que ya se iban filtrando entonces desde otros países (riesgo asociado a la edad y a comorbilidades cardiovasculares), antes de introducirnos cronológicamente en la evolución del mes.

Hoy, 13 de mayo, según fuentes oficiales (1) los ancianos de las residencias constituyen casi un 66% de los fallecidos en España (17.848 de 26.920), de los cuales un 33% (5.846 de 17.848) pertenecen a la Comunidad de Madrid.

En gran parte de las comunidades autónomas los fallecidos en residencias superan el 50% de los fallecidos totales en la región. Por tanto, no podemos esquivar más tiempo este tema. Porque, repito, es la base de todo.

La insuficiente protección y prevención en residencias provocó que hayamos gestionado de esta manera la crisis, pecando más de exceso que de defecto de medidas, prohibiendo a los niños salir a la calle cuando cada vez aparecen más evidencias que apuntan hacia inutilidad de esta medida (2), condenando a la economía que mueve el país (excesivamente centrada en el dañino turismo de masas, eso sí).

Una vez llegados a este punto, ¿cuál era la situación de las residencias antes del coronavirus en la Comunidad de Madrid?

Existen numerosos artículos recientes (3)(4) que alzan la voz contra lo que, simple y llanamente, podemos llamar un turbio y oscuro negocio.

Hablamos de un 75% de residencias privadas, de las cuales más de un 60% reciben además fondos públicos para plazas concertadas.

El país no tiene suficientes plazas públicas de residencia: hay entre 376.000 y 381.000 en total y harían falta como mínimo 18.000 más para alcanzar las 5 camas por cada 100 mayores que recomienda la OMS.

La gran mayoría controlada por fondos buitre y multinacionales.


Las condiciones de las trabajadoras son penosas, unas condiciones de semiesclavitud (de 600 a 1000 euros por jornadas extenuantes de 8-12 horas) aplicadas sobre personas vulnerables (mayoría de mujeres y extranjeras), bochornosas para el país del que pretendemos estar orgullosos.


Esta situación se ha ido nutriendo y favoreciendo en los últimos años al amparo de la complacencia de la administración regional. Una auténtica bomba de relojería que diversas organizaciones médicas de Atención Primaria ya han pedido revertir en estas últimas semanas tras habernos explotado en la cara. Otros modelos son necesarios.


La situación en la que se encontraba la institución en la que empecé a trabajar era de “algunos contagiados por COVID”, “hay equipos de protección”, “el médico habitual está de baja porque es muy mayor y con factores de riesgo”. María, directora de este pequeño negocio familiar, siendo su hermano propietario de otra residencia, llevaba la residencia de forma personal y cercana con todos los ancianos y sus familias, ayudada de Jesús, su hijo titulado en Psicología, que realizaba un conglomerado de tareas entre organizar la medicación y las prescripciones, charlar con los residentes, etc.

La plantilla la integraban cinco auxiliares, una enfermera, una cocinera y el médico, para un total de 35 residentes normalmente, de los cuales permanecían en el centro 20 cuando me incorporé, en los tiempos del cólera.


Recopilando datos a posteriori, el virus debía de haber penetrado en la institución a principios de marzo, puesto que la primera oleada de sintomáticos se concentró a mitad de marzo, siendo tratados como una infección urinaria.


De ahí dio el salto a los trabajadores, que acabaron de baja, y a la siguiente ronda de residentes. O viceversa. Los progresivos ingresos hospitalarios y fallecimientos facilitaron, por desgracia o por fortuna, el aislamiento individual en las habitaciones de los que resistían, se cancelaron todas las visitas de familiares, se prohibieron las actividades comunes (comida, ejercicio, actividades) y se intentó mirar hacia delante.

Lo que no podemos olvidar es mirar atrás, pues es largo el rastro de cadáveres generados por la incompetencia como sociedad de proporcionar un ambiente seguro y tranquilo a nuestros ancianos.

Más de uno habrá tenido experiencias espeluznantes con sus familiares, pero esta situación que me encontré a primeros de abril me impactó sobremanera. Las primeras dos semanas fueron delicadas, cubriendo con antibióticos según protocolo a aquellos que manifestaban síntomas compatibles (respiratorios, generales, intestinales...), algo que hoy en día se ha puesto en duda por la ausencia de evidencia científica de cualquiera de los medicamentos que se han utilizado hasta ahora, y vigilando sus otras enfermedades crónicas.


La primera vez que evalué a una residente en situación de últimos días no dudé en tomar la decisión. Sabía que el protocolo permitía acompañamiento familiar y, dentro de lo poco que podíamos hacer, ese iba a ser mi objetivo principal.

El abandono sufrido por la gente que agonizaba probablemente constituya la mayor lacra a erradicar en el futuro y nuestra mayor vergüenza, sobre todo para el personal sanitario que no hemos sido capaces de garantizar el acompañamiento.

Luchando contra el temor por parte de la directora de nuevos contagios, establecimos un plan adecuado de visitas para aquella primera familia, la cual, multa de 600 euros de por medio cortesía de la policía, pudo visitar a su familiar, despedirse de él y acariciarle la frente.


Los siguientes casos también tuvieron que ser peleados por una extraña concepción de la dirección. Para ellos lo primordial era mantenerlos con vida, no importaba cual fuese la calidad de ésta. Sin embargo, entre la enfermera y yo les conseguimos asegurar una muerte digna y sin dolor por medio de la sedación paliativa.


A pesar de mi inexperiencia, es de los momentos en los que más médico, con todo lo que engloba la profesión, me he sentido. Y curiosamente no ha sido poniendo un fármaco novedoso para salvar una vida, sino utilizando otros mucho más comunes para garantizar que ésta se abandona con dignidad, acompañado y sin sufrimiento.

Las dos últimas semanas de abril fluyeron con mayor tranquilidad hasta desembocar en la reincorporación del otro doctor.

Tarde y mal. Así sentí que se tomaban todas las medidas.

El edificio era un conjunto de dos chalets, por lo tanto, no tenía una estructura apropiada para la separación de trabajadores y residentes por zonas sucias (donde había contagiados) y limpias para poder garantizar un adecuado aislamiento.

El día fijado por los bomberos para la desinfección de la residencia y su ulterior organización para prevenir contagios, a pesar de agradecerse, llegó tarde (20 de abril) y fue a todas luces una pérdida de tiempo.

No teníamos pruebas para saber quiénes de los que habían tenido síntomas compatibles habían pasado la infección. No se puede aislar o hacer zonas limpias/sucias a ciegas, pero así lo hicimos, “a ojo”.


Lo ideal es que un trabajador que ve residentes en zonas “sucias” no vea “limpias” y viceversa, pero, ¿qué hacer si no hay trabajadores suficientes? ¿O si están todos mezclados?

Los test llegaron el día después de la desinfección. Unos test de regular calidad que medían anticuerpos para evidenciar si habías pasado la infección.

Dieciocho de los veinte residentes que quedaban dieron positivo. ¿Ayuda? Para nada. Todos estaban ya más o menos bien, y lo único para lo que sirvió fue para hacerme cumplimentar diversos formularios de registro de datos para la Comunidad.


De nuevo, sentía que era una forma de maquillar los datos y los titulares de prensa.

No existía un plan especial para infecciones, existe una formación escasa y contradictoria de los trabajadores (pretender que cumplan cosas que sus condiciones de trabajo se lo impiden) y la Administración estuvo ausente hasta entrado abril, cuando empezaron a aparecer con cuentagotas diversos profesionales para supervisar el acondicionamiento del centro.

En ese sentido, se hizo lo mejor que se pudo, pero con evidentes errores y deficiencias previas, sumado a las condiciones denigrantes de las trabajadoras. A ello se le añade mi escasa experiencia previa como médico y nula especialización en geriatría, un titulado en Psicología que se entrometía en prescripciones médicas por estar “habituado” y una dirección incapaz, a pesar de su intención, de proteger a sus residentes. La voluntad que tenía de echar una mano no quita lo indebido de la situación y la escasa prevención existente en este tipo de instituciones, aunque estemos hablando de un contexto de crisis.

Recuerdo haber pedido un dispensador de jabón durante 3 semanas. Nos lo facilitaron desde dirección el último día que yo trabajé allí porque lo consideraban un “gasto adicional”.

Es curioso pensar en lo desprofesionalizada que estaba la gestión de esta residencia privada, sobre todo recordando las furibundas críticas que se dirigían por su parte hacia la administración pública, no sin cierta razón por el abandono que sufren las instituciones. Me parecía un cuadro llamativo.


Lo que reflejaban era una mentalidad empresarial privatizadora en la que se critica al funcionariado público y se le acusa de no hacer nada. Se sienten ignorados. Vulnerables por tener ellos que cubrir los gastos de realizar test a los trabajadores. Ahogados por no poder pagar más. También es aquella mentalidad que se toma días libres cuando quiere, que pide todas las subvenciones que puede, que cobra de 1700 a 3000 euros por anciano, que trabaja con profesionales no cualificados en ocasiones, migrantes y extremadamente necesitados.


Margarita, la enfermera, licenciada en Venezuela, cobraba aproximadamente el mismo sueldo que yo por 4 veces más horas de trabajo semanales. Y no solo de su parte, porque igual ayudaba en cocina o a las auxiliares. Gente que está, literalmente, hasta los codos de mierda con coronavirus mientras cambia pañales, cargando pesos tremendos mientras asea ancianos discapacitados y desinfectando con productos irritantes continuamente.

Y todo esto, trabajando 12 horas al día embozados en un traje protector durante seis o siete días seguidos sin descanso. Además, deben intentar mantener la sonrisa y los buenos modales con los residentes, los cuales se ven completamente desorientados por el cambio de rutina, la falta de socialización, el nulo ejercicio o terapia física que realizan, no ver a sus familiares, etc.

El impacto y las secuelas de esta situación se verán en los próximos meses, a nivel físico y mental. Con mucha seguridad, muchos no podrán volver a sostenerse en pie o caminar.

Quizás es la hora de poner fin al negocio de las residencias.

Sin embargo, recargándome con la energía de Margarita y como decía nuestra buena amiga y mentora Chus, creo que he podido encontrar un rincón de aliento y positividad en estos tiempos difíciles.

Sin olvidar los momentos trágicos, ha habido otros en los que lo más importante ha sido demostrar humanidad, empatía y cariño; valores tan distanciados en nuestros días de la práctica de la Medicina, pero sin embargo tan innatos y propios de ella.

Poder llevarlos a la práctica me ha demostrado una vez más el por qué elegí esta profesión, qué me gustaría hacer de ella y cuánto puedo llegar a aportar.


Todos los nombres usados son ficticios.

Firás Fansa


(1) Radiografía del coronavirus en residencias de ancianos


(2) Children are not COVID-19 super spreaders: time to go back to school


(3) Aparcamientos de ancianos S.A.


(4) Desprotegidas, precarias e invisibles: trabajadoras de residencias

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